Por Sergio Mejía Cano
Una nueva reforma electoral y legislativa
En la conferencia matutina que ofrece diariamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer jueves, adelantó que enviará una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral y legislativa. Desde luego que no se hicieron esperar las voces de la oposición diciendo que no pasará, quedando claro que, la postura de dicha oposición es decir no a toda iniciativa presidencial, nada más para hacer la mosca chillar, porque su negativa es a priori y sin analizar a fondo o, si la analizan, aun así, dirán que no, así sea en detrimento para la Nación.
Sin embargo, hoy sí tienen un buen pretexto quienes integran la oposición gubernamental: la eliminación de los cargos plurinominales, debido que estas significan para los partidos políticos más como agencia de colocaciones que otra cosa, otorgándolas a quienes no ganarían un cargo de elección popular directamente, colocando ahí a sus incondicionales; aunque algunos de ellos posteriormente traiciones a quien les prestó el cargo plurinominal. Y también, por supuesto, porque se habló de reducir la participación a los partidos políticos, y esto sí que sería insoportable para la mayoría de los militantes de los partidos de todos los colores, porque muchos de ellos se han metido a la política y afiliado a determinado partido político, precisamente nomás por el dinero que se podrían embolsar, y más si son dirigentes de los mismos.
También la negativa de la oposición para esta posible reforma electoral, es de que se habló de reducir el número de consejeros electorales y que estos serían electos por el pueblo y que sean verdaderos ciudadanos probos que no tengan afiliación ni simpatía con ninguno de los partidos en funciones, y obviamente que esto caló hondo a los dirigentes de los partidos, porque se ha documentado que, actualmente quienes ocupan los puestos de consejeros electorales, fueron promovidos precisamente por los mismos partidos políticos, por lo que se entiende que dichos consejeros, trabajan más bien para pagar los favores a quienes los impulsaron para estar ahí, más que para cumplir con una tarea democrática.
Y desde luego que también hizo mella en muchos políticos y posiblemente hasta en los actuales consejeros esta posible reforma electoral y legislativa, la reducción del presupuesto para realizar elecciones, pues es sabido que, en donde hay dinero hay siempre algún tipo de ganancias. He ahí el claro ejemplo de la recién revocación de mandato en que, uno de los principales pretextos de los consejeros del Instituto Nacional Electora, y en específico de su consejero presidente Lorenzo Córdoba, de que no había presupuesto suficiente para instalar el cien por ciento de las casillas, y que por eso nada más se habían instalado prácticamente el 50 por ciento de ellas. Y, si a esto le aunamos el precio en que se facturan los costos de todos los implementos que se requieren para la colocación de las casillas respectivas, tales como mamparas, tinta indeleble, crayones, gastos de capacitación de los ciudadanos de ambos sexos que atenderán las casillas; pero sobre todo la impresión de las boletas electorales, desde luego que ahí podría haber algún tipo de ganancia para dichos consejeros electorales; tal vez aplicando aquella frase tan conocida entre la población mexicana de que “no pido que me den, sino que me pongan donde hay”.
Otro punto que tal vez puso a pensar a los actuales consejeros electorales, no nada más a los federales, sino a los estatales también, es la federalización de las elecciones, desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales y tribunales electorales locales; y esto sí que podría generar desaparición de puestos de empleo para quienes hoy en día atienden estos Institutos y Tribunales; aunque se entiende que, como no se podría manejar todo desde el centro del país, los institutos estatales tendría que permanecer en alguna forma como apoyo, pues prácticamente hay elecciones electorales en todo el país casi todos los años debido a que en muchas entidades, sus elecciones locales no compaginan con las elecciones federales, porque en algunos estados eligen gobernadores, diputados, presidentes municipales y regidores, de acuerdo a sus propias constituciones locales, por lo que probablemente, los Institutos Electorales Estatales, sigan persistiendo.
Ahora bien, en caso de que queden algunos cargos plurinominales, que estos sean en calidad de préstamo a quienes se les otorguen, por si renuncian al partido que se las prestó.
Sea pues. Vale.