*Señala la líder del SUTSEM, que a una semana que concluyera su cuatrienio, con ese dinero le pagó a los empresarios del grupo “Álica”
*Sindicatos piden que se obligue a quienes saquearon el fondo de pensiones, a que regresen el dinero
Por: Arcelia García Ortega
Tepic, Nayarit.- Martes 24 de mayo del 2022.- Líderes de 12 sindicatos se reunieron esta mañana en conocido hotel de Tepic para señalar su descontento a la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los trabajadores del estado de Nayarit que está en estudio, temen que poco a poco se vayan desapareciendo los sindicatos.
Piden foros de análisis y discusión reales antes de la aprobación de la Ley que mencionaron, muy probablemente se apruebe el próximo jueves. Dijeron que esperar que pueda haber controversia constitucional, en caso contrario amenazaron con emprender acciones jurídicas e interponer amparos y salir a la calle a protestar.
El Secretario General del SUTSEM, Oscar Cedano, destacó que se van a jugar el todo por el todo por defender sus derechos, “vamos a defendernos, cueste o que cueste y pase lo que pase”. Destacó que no temen que los amedrenten o encarcelen.
Los líderes pidieron una auditoría al fondo de pensiones externa para que se determine quién se robó el fondo de pensiones que debería tener en estos momentos más de 2 mil millones de pesos. Pero no solo se le encarcele, que se le obligue a regresar ese dinero.
Puntualizó que los trabajadores aportan el 13% de su sueldo para el fondo de pensiones, cantidad arriba de la media nacional que es del 4% y 6% y que el gobierno del estado aporta el 17%.
Insistió en que exista una iniciativa para el servicio civil de carrera, como tal. Citó que existen 5 mil 300 trabajadores interinos, algunos con 15 años de trabajo, que esperan ser basificados.
El líder sindical hizo mención del apartado de la Ley de Justicia Laboral del Artículo 57 que habla del Salario Fijo y dice: La cuantía del salario fijado en los términos del artículo anterior, no podrá ser disminuida salvo en condiciones y circunstancias previstas por los respectivos Presupuestos de Egresos y la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del estado de Nayarit y la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
Por cierto, aunque no lo mencionó, es importante el Artículo 64. Que habla del Monto de indemnización. Para determinar el monto de las indemnizaciones, pensiones o jubilaciones que deban pagarse a los trabajadores o a sus familiares, se tomará como monto máximo el cien por ciento del promedio del sueldo base disfrutado en los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de baja del trabajador, o el que en su caso disponga la ley de la materia, sin que pueda exceder de 10 veces el salario mínimo diario elevado al mes.
Por su parte, la líder del SUTSEM, Agueda Galicia, señaló que la Ley contempla que el sindicato deberá entregar al Instituto Laboral un informe del manejo de sus finanzas. En ese sentido precisó que éste se entrega a los trabajadores por escrito 3 o 4 veces al año en los plenos ordinarios, aclaró que es dinero que de los trabajadores no del gobierno, por ello, a quien debe rendirse cuenta es a ellos.
Aclaró que el ex gobernador Ney González Sánchez entregaba un informe sobre el estado financiero del fondo de pensiones (no aclaró la líder cuánto dejó el ex gobernador en el fondo al concluir su sexenio), y que fue a partir del gobierno de Roberto Sandoval cuando éste ya no se transparentó.
Propuso que haya una auditoría mínima cada año al fondo de pensiones, con auditores externos. Mencionó que los jubilados tienen que aportar al fondo de pensiones, algo que consideró injusto.
Reveló que a una semana de que concluyera el cuatrienio de Antonio Echevarría García, empresarios del grupo “Álica” se apersonaron en Palacio de Gobierno para que se les pagara lo que les adeudaba, por lo que se tomaron 150 millones del fondo de pensiones.
Por otra parte y en otro tema, Galicia Jiménez citó que en antaño los alcaldes y regidores no percibían sueldo y ahora se pelean por los puestos porque no hay una ley que les prohíba recibir un salario, robar, recibir mochadas y hacer negocios.
Agregó que desde el 2013 los trabajadores al servicio del estado y los municipios no han tenido incrementos salariales.
