*La violencia política en razón de género, no aplica entre legisladores
Por Sergio Mejía Cano
Al parecer quienes legislaron por la “Violencia Política en Razón de Género”, dejaron una línea muy delgada para poder definir claramente en dónde queda la libertad de expresión y sobre todo, de prensa, pues cada vez que se habla de una mujer en calidad de servidora pública y, si se queja por lo mismo, basta con que levante una denuncia para que se le dé curso a dicha denuncia, tal vez sin analizar a fondo, por parte de las autoridades, si fue un ejercicio de libertad de expresión o de prensa, según sea el caso.
Se entiende que, todo servidor público, mujer o varón, desde el momento de tomar posesión de su cargo, quedan inmediatamente bajo el escrutinio público y, por ende, de la opinión pública y publicada que estarán al tanto de lo que diga o haga y, por supuesto que tendrán qué dar a conocer los diferentes puntos de vista que difieran del actuar y comportamiento de cualquiera que reciba su salario del erario de los tres niveles: federal, estatal o municipal y, si una mujer apoyándose en esta ley de violencia política en razón de género se disgusta porque alguien dijo o señaló alguna posible anomalía en su actuar, antes de denunciar, debería de analizar si lo que dijo o hizo es congruente de acuerdo a su encargo como servidor público.
He ahí el caso de algunas senadoras del PAN que, a cada rato dan la nota para ser criticadas, porque en ocasiones sus intervenciones en tribuna más parecen pleitos de vecindad que debate parlamentario, tal y como debiera ser; como por ejemplo el caso de Lilly Téllez quien, hasta agresiones personales ha pronunciado en tribuna, como cuando le preguntó al presidente de la Cámara de Senadores si estaba ebrio o que comiera con más decencia; pero sobre todo, las denostaciones en contra de militantes de otros partidos, ya sean senadores o diputados y, hasta ofensas al mismo presidente de la República.
Sin embargo, cuando alguien de la opinión pública o periodista o comunicador hace referencia a las tristes intervenciones de alguien que al parecer no está muy bien de su cerebro que digamos, no se podría considerar como violencia política nada más por ser mujer Lilly Téllez y por señalar constantemente su triste desempeño como legisladora. ¡Claro que no es la única!, porque las hay en todos los partidos cuyo ejercicio en funciones deja mucho que desear.
Queda claro que, todo servidor público, del sexo que sea y del nivel que sea, debe de aguantar el escrutinio al que está expuesto o expuesta, siembre y cuando no se metan en su vida privada; pero cuando tenga que responder respecto a su función como servidor público, tendrá a veces que responder a los señalamientos aunque le moleste, porque existe la máxima de que lo público, público es y, todo funcionario o funcionaria, debe siempre tener presente que no está por encima de la ciudadanía, sino que está precisamente para servirla; sin embargo, se han dado casos en que tal vez creyéndose por encima de ciudadanos y ciudadanas, como cuando ofrecen una “conferencia de prensa” en donde bajo ningún motivo o circunstancia admiten preguntas de ninguna especie, a pesar de que por razón de su cargo como servidor público, están obligados a responder todo tipo de preguntas, y no nada más de los representantes de los medios de información, sino de cualquier ciudadano o ciudadana, así se los tope en la calle y no nada más al interior de un recinto gubernamental o en donde esté presente.
Pero, como casi siempre sucede, el hilo se revienta por lo más delgado, ya que cuando una servidora o servidor públicos se sienten ofendidos, por lo regular se lanzan contra periodistas, comunicadores o público en general, sin ponerse a pensar que, como por ejemplo entre los mismos legisladores de ambos sexos de ambas Cámaras, alta y baja, se atacan y ofenden entre ellos mismos interrumpiéndose en sus intervenciones, tratando de callarlos cuando están en tribuna o que hablan desde su misma curul. Esto sin tomar en cuenta que, la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala claramente en su artículo 61 que: “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”. Sin embargo, al parecer esto nada más rige para la población y por ende para los representantes de los medios de comunicación; porque para los mismos legisladores, esto pareciera ser letra muerta, de acuerdo al comportamiento infame de varios o de casi todos que deja mucho qué desear.
Sea pues. Vale.
