*Se tiene tipificado en 30 estados del país, entre estos Nayarit
Por: Arcelia García Ortega
Tepic, Nayarit.- Jueves 11 de agosto del 2022.- Animal político publica un artículo completo sobre la petición de la derogación en 30 estados del país, ente estos Nayarit, del delito de “peligro de Contagio”,
En México, a excepción de Aguascalientes y San Luis Potosí, 30 entidades conservan la tipificación del delito de “peligro de contagio” en sus códigos penales locales, un remanente de hace décadas que solo contribuye a estigmatizar y perseguir a las personas que viven con VIH.
En Nayarit, al igual que otros estados, Nayarit se penaliza directamente a quienes padezcan una infección de transmisión sexual y tengan conductas susceptibles de considerarse “peligrosas” para la salud de otra persona.
Zacatecas y Nayarit sancionan, además, a la mujer que con alguna enfermedad o sífilis amamante a un bebé.
En 17 estados, las sanciones penales impuestas a una persona por la presunta transmisión de una enfermedad pueden agravarse hasta con varios años de cárcel, según el estudio “La legislación mexicana en materia de VIH y sida.
En 20 estados, a una persona con una enfermedad crónica o incurable no puede otorgársele la tutela de un menor. Por otro lado, en 19 estados es obligatorio presentar un certificado médico que especifique que no se padece alguna enfermedad como condición para casarse, entre estos Nayarit.
“Para empezar, el delito de contagio es un delito que está sobre un supuesto; no es un delito que sea comprobable científicamente, porque no existen las herramientas suficientes para poder determinar quién transmitió o no a otra persona un virus”, explica en entrevista Leonardo Bastida.
Bastida afirma que todavía existe mucha estigmatización hacia quienes viven con VIH o tiene alguna enfermedad relacionada con un virus, como es el caso del COVID-19.
“Esto genera que la gente tenga miedo a la situación, que no le interese diagnosticarse para evitarse problemas, porque de cierta manera al ver esto como algo malo, no se genera una conducta de responsabilidad, de un cuidado personal y colectivo”.
Al mismo tiempo, se inhibe también la generación de políticas de salud pública que deberían estar enfocadas en disminuir el número de nuevas infecciones; además se manda un mensaje de negatividad, culpabilidad y castigo, cuando con los avances científicos que existen hasta ahora, la mayoría de las personas que viven con VIH puede alcanzar la indetectabilidad y, por lo tanto, intransmisibilidad del virus.
“Hay códigos que son muy específicos, que si la enfermedad es contagiosa o pone en peligro la vida de las personas; se le ponen muchos adjetivos que no corresponden a una realidad, entonces se da esta imagen de asociarlo con algo malo y que la persona que vive con VIH, por ese simple hecho, es un factor de riesgo, cuando en realidad los factores de riesgo son otros; genera un mensaje contradictorio y un poco ambiguo para la sociedad”, añade Bastida.
Precisa que la mayoría de los artículos en códigos penales que sancionan el delito de “peligro de contagio” entraron en vigor entre 1920 y 1930, es decir, tienen casi 100 años de existir.
“Las fiscalías, al verlo vigente en la ley, insisten en retomarlo; y muchas veces el argumento es que la transmisión es a propósito, situación que no puede descartarse, pero para eso ya existen dentro de los propios códigos penales los delitos de lesiones, entonces podría entrar una transmisión con alevosía en esos términos. Es más claro que dejar un delito ambiguo, que además solo se basa en presuposiciones”, detalla Bastida.
El peligro radica en que con el hecho de acusar a alguien del delito, si esa persona resulta reactiva en una prueba, es suficiente para procesarla judicialmente, cuando lo único que se está comprobando es su estado de salud, pero no si transmitió o no el VIH.
“Se está sancionando una suposición; y es importante entender que lo que estamos sancionando es una creencia, una hipótesis, pero no se están sancionando hechos concretos”, añade.
0rganizaciones civiles hacen recomendaciones tanto a las legislaturas estatales como al Congreso de la Unión para derogar las disposiciones penales y civiles que estigmatizan a las personas con VIH.
