Los servidores públicos están bajo el escrutinio público.
Por Sergio Mejía Cano
No deja de sorprender el encono de las autoridades electorales en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en cuanto a tratar de impedir que se exprese en varios temas, sobre todo hoy en día en que no son tiempos de comicios ni nada que se le parezca. Ahora salen estas autoridades electorales en que ni siquiera podrá nombrar el presidente a la senadora Xóchitl Gálvez, supuestamente por ser una aspirante de la coalición Frente Amplio por México, para ser la futura candidata a la Presidencia de la República.
Claramente se ha visto últimamente que el encono en contra de AMLO es duro y directo y, si las comparaciones son odiosas, a veces son necesarias, porque ¿cuándo se había visto que algún otro poder, como en este caso el Judicial y otros más, se opusieran a los dictados presidenciales? Ahora hasta se le está tratando de impedir al presidente que se exprese de muchos temas; el problema es que su supone que en nuestro país debe imperar la libre expresión, así que si ahora se le quiere impedir a AMLO que diga o muestre algo de la senadora Gálvez, el impedimento tal vez no se quiera que sea para él, precisamente, sino para toda la ciudadanía, porque ni modo que nada más AMLO no pueda decir nada sobre la senadora por el estado de Hidalgo, porque entonces la opinión pública se desbordará sobre los señalamientos que no pueda emitir AMLO al respecto.
Algo raro está pasando en cuanto a quienes estudian Derecho, pues no hay unificación de criterios en cuanto a la aplicación de las leyes, pues se ha visto y comprobado que muchos abogados o versados en leyes les dan su propia interpretación a las diversas leyes, interpretaciones que antes no se daban bajo ningún concepto, porque aunque alguien pensara o les diera otra interpretación, se ajustaban a lo que se les dictaba, es decir, tenían que acatar la línea trazada de cómo decir y hacer.
¿Cómo es posible que ahora salgan los magistrados del tribunal electoral con que no puede decir nada AMLO sobre la senadora Xóchitl Gálvez? ¿Qué acaso olvidan u omiten a propósito que la senadora como servidor público está y debe estar constantemente bajo el escrutinio de la opinión pública? El presidente en turno no por ocupar este cargo deja de ser un ciudadano con todo su derecho de opinar en cuanto al actuar de funcionarios y políticos en todo momento. Además, la senadora ha sido señalada por unos supuestos conflictos de intereses aprovechando los cargos públicos que ha ocupado.
¿Así que por qué AMLO no se puede expresar respecto a un legislador, en este caso legisladora, por unos supuestos contratos en forma anómala que recibió la senadora siendo socia de unas empresas que recibieron estos contratos? En primer lugar, la senadora aún no es candidata oficial por parte de la oposición, no son tiempos electorales y, como se dice líneas arriba, como servidora pública tiene que estar bajo el escrutinio de la ciudadanía que obviamente tiene que estar enterada de cómo se manejan los impuestos o contribuciones que paga cotidianamente.
Ahora se dice que se está investigando cómo se le otorgaron esos contratos a las empresas de los que la senadora Gálvez forma parte, no supuestamente, sino que se ha documentado que es dueña o socia de estas empresas que, a lo largo de más de 20 años han sido beneficiadas por parte de los gobiernos federales en turno y hasta locales de la Ciudad de México cuando Xóchitl Gálvez fungió como delegada en la hoy alcaldía Miguel Hidalgo.
Así que, si esta servidora pública aún no es candidata oficial y no son tiempos electorales, ¿entonces por qué el veto de no mencionarla bajo ningún concepto? ¿Qué se tratará de ocultar respecto a esta señora y sus contratos aparentemente mal otorgados desde la administración de Vicente Fox y las demás subsecuentes, incluso la actual de AMLO?
Claro que la libertad de expresión tiene sus propios límites; pero estos se refieren al ámbito íntimo y familiar, sobre todo de los servidores públicos y demás funcionarios y para toda persona que no pueden ser víctimas de vejaciones, infundios, difamaciones o falsas acusaciones y sin prueba alguna.
Y si bien se dice que un presidente de México puede ser el más informado de todo el país; pero también el más engañado, posiblemente en este caso de los contratos de la senadora, AMLO no esté dando paso sin huarache, en el entendido de que podría ser una buena bronca la que se esté echando encima, por lo que tiene y debe estar bien documentado de los contratos de la senadora.
Sea pues. Vale.
