No hay unificación de criterios entre profesionistas
Por Sergio Mejía Cano
En el sexenio pasado, cuando se dio el affaire en contra del magisterio con la supuesta reforma educativa que varios analistas calificaron que más bien era una reforma laboral. El ataque principal en contra de los profesores y profesoras fue la crítica por la aparente falta de profesionalismo y preparación; sin embargo, la mayoría de los críticos a este respecto no tenían un sustento en que basaran sus críticas hacia el magisterio.
Entre otras cosas se decía que los profesores deberían de sustentar otro examen para validar su título, sobre todo los que ya presumían una maestría. El problema es que con el tiempo se ha visto que, en sí, quienes necesitan ser revaluados son muchos abogados y licenciados en leyes y Derecho, en todos sus aspectos.
Se supone que las leyes contienen el mismo espíritu y esencia, así que, por esto, debería haber unificación de criterios al momento de su aplicación; sin embargo, muchos abogados y licenciados les dan a las leyes su propia interpretación, muchas de las veces en su propio beneficio o su deducción la hacer de acuerdo a como les convendrán a sus clientes, según los casos en sus manos.
Pero no nada más los abogados deberían ser revaluados también, sino muchos profesionistas de las diversas carreras que se practican en nuestro país, ya que por ejemplo, hoy en día se han dado infinidad de casos de negligencias médicas, fallas en la construcción de inmuebles, malos trazos al urbanizar algunas áreas ya sea en la zona rural o en la urbana; invasión de humedales, taponeo de ojos de agua, derrumbe de árboles y gran cantidad de vegetación y un largo etcétera que dan una muestra clara de que la ética profesional no se les da ahora a muchos de los egresados en todo tipo de profesiones.
Ya tiene tiempo en que se han oído voces para que se haga una iniciativa de ley para que quienes aspiren a un cargo de elección popular o para ocupar un cargo en el servicio público tengan algún título profesional; el problema es que en sí, la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que para ocupar un cargo de elección popular el único requisito es ser mexicano de nacimiento; aunque para la Presidencia de la República ya se reformó, pues anteriormente se señalaba que debería ser hijo de padres mexicanos también y ahora ya no, sino de padre o madre mexicanos y no ambos; pero eso es otra historia.
El que un servidor público o funcionario ostente uno o más títulos no tiene en sí nada qué ver con su desempeño en el cargo o encargo que ocupe o llegara a ocupar, porque se han dado infinidad de casos en que se ha documentado que muchos servidores públicos en todos los rubros han presumido títulos que no tienen, por lo que algunos de los señalados han tenido que dejar sus cargos debido a que no pudieron demostrar que habían estudiado o al menos terminado una carrera, ya no se diga alguna licenciatura o doctorado.
He ahí el caso emblemático de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yazmín Esquivel Mossa, a quien se acusó de haber plagiado su tesis lo que la misma ministra no ha reconocido a pesar de que supuestamente se han encontrado evidencias en su contra. Y, he ahí también el caso de la ahora aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, a quien también se acusó de plagio; pero esta señora sí lo reconoció abiertamente y hasta dijo que podría hacer otra tesis.
Pero si esto pudo ser posible con sus tesis, ¿qué acaso no pudo haber sucedido algo similar también con los títulos de sus carreras profesionales? Así que, por lo mismo, es probable que, si se llevara a cabo una nueva evaluación de la mayoría, si no es que, de todos los profesionistas en el país, lo más seguro es que muchos reprobarían un examen que supuestamente ya habían sustentado.
La mayoría de quienes han presentado un examen a nivel profesional podrían asegurar que otras personas que habían sustentado el mismo examen al mismo tiempo que habían hecho trampa ya fuera llevando acordeones o mediante alguna otra triquiñuela o artimaña, pues ya se sabe que para todo hay maña. O como se dio un caso muy sonado hará unos cinco años o un poco más en el estado de Jalisco, en donde se documentó que los cuestionarios para el examen de medicina los estaban vendiendo en 125 mil pesos, claro que así se documentó en su momento, a no ser que haya sido nada más una leyenda urbana más. Pero de que alguien haya comprado un título, es muy probable.
Sea pues. Vale.
