- *La Fiscalía del Estado lo acusa de los delitos de tráfico de influencias, usura y asociación delictuosa, cometidos contra de los productores de frijol de su municipio
*La Fiscalía pidió la separación de su cargo porque representa un riesgo al frente de la Presidencia
Tepic, Nayarit; jueves 21 de abril de 2022 . Debido a que la audiencia de imputación en contra del Presidente Municipal de Tecuala, Nayarit, Gabino “N”, a quien se atribuye los delitos de tráfico de influencias, delito cometido por servidores públicos, usura y asociación delictuosa cometida en su modalidad de pandilla, es un asunto de interés público, Fiscalía General del estado de Nayarit emite el siguiente comunicado:
A las 12:00 horas de este día, en el juzgado de oralidad del Centro Regional de Tecuala, tuvo lugar la audiencia de imputación contra el alcalde en funciones de Tecuala, Gabino “N”, a quien esta Fiscalía considera presunto responsable de los delitos ya referidos, en razón de que a partir de la toma de posesión en su encargo, en el mes de septiembre de 2021, Gabino “N” organizó una serie de reuniones con diversos productores del campo que pretendían obtener semilla de frijol para la siembra de sus tierras dentro del temporal inmediato, y sabedor de la imperiosa necesidad de obtener dicha semilla y con ello evitar dejar sus tierras sin la siembra del producto, les propuso a los campesinos obtener semilla de frijol prestada, por la cual devolverían un kilo y medio por cada kilo que recibieran, lo que representó un pago de interés del 50 por ciento.
Ante la extrema necesidad de empezar a trabajar sus tierras, los productores del campo aceptaron la semilla que fue proporcionada por empresarios de la localidad de Betania, municipio de Ayotlán El Grande, Jalisco, (ya judicializados), con quienes el funcionario municipal tenía una relación cercana pues había realizado negocios con ellos.
En su momento, la semilla fue entregada a los campesinos a cambio de la firma de un pagaré por los kilos que tendrían que pagar con el interés respectivo, lo cual puso en evidencia que aprovechándose de su encargo como alcalde y de la extrema necesidad de los productores del campo, generó un beneficio económico en un negocio por él ofrecido a los comerciantes Jalisciences, lo cual ejecutó en conjunto con estos mismos.
Por lo anterior, durante el desarrollo de la audiencia se solicitó la vinculación a proceso del munícipe, quien asistido debidamente por defensor particular solicitó la duplicidad del término, fijándose para la reanudación de la audiencia con objeto de resolver su situación jurídica, el martes 26 de abril del presente a las 08:00 de la mañana.
No obstante haberse solicitado la suspensión temporal del cargo a Gabino “N”, por atribuírsele delitos cometidos en ejercicio de su encargo, esta fue negada por el Juez de Control aduciendo que aún no había sido vinculado a proceso por delitos de esta naturaleza, y por considerar que al ser el suyo un cargo de elección popular pudiera violentarse algún derecho electoral, de modo que solo dictó las medidas cautelares de firma periódica cada 15 días, garantía económica por 100 mil pesos a exhibir dentro de los siguientes 10 días, prohibición de acercarse o comunicarse a testigos o víctimas, así como a las direcciones de Seguridad Pública y de agricultura y prohibición para salir del país.
Esta Fiscalía General, ante el comunicado hecho público por el Poder Judicial del Estado en cuanto al tema mencionado, no comparte en lo absoluto su opinión en el sentido de que la medida cautelar de suspensión temporal del cargo a Gabino “N” no se encuentra debidamente sustentada, toda vez que el solo hecho que se le atribuya los mencionados delitos pone en riesgo el debido ejercicio de la función pública que desempeña, ya que se trata de un servidor público y así como puso en riesgo un programa federal, de la misma manera puede influir para afectar otros programas municipales dirigidos a personas vulnerables; de ahí la importancia que la medida cautelar de suspensión temporal fuera aplicada como medida adicional, para efectos de evitar que se ponga en riesgo la función pública.
