*Agradece el respaldo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que con representantes federales de Nayarit se defienda la protección al ecosistema
Tepic, Nayarit.- Miércoles 15 de marzo del 2023.- En el año 2016 (hace 7 años), inició la construcción del desarrollo Punta Paraíso, en San Pancho, Nayarit, por parte de una empresa que se presume, tiene inversión canadiense, y desde un inicio, habitantes y comerciantes de San Pancho, alzaron la voz, alegando que se construía en una zona tradicional de desove de tortuga golfina causando un grave daño al medio ambiente, y tras las denuncias y protestas, en diciembre del 2018, la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente), ordenó que se detuviera la obra, que contempló dos condominios, uno de seis pisos y otro de dos, por no respetarse la Manifestación de Impacto Ambiental.
En abril del 2018, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del Congreso del Estado de Nayarit integrada por la diputada, Julieta Mejía, Yusara Ramírez, Salazar, Luz Verdín Manjarrez, y los diputados, Adán Zamora Romero, e Ismael Duñalds, realizó una investigación oficial determinando que Punta Paraíso no solo invadía la zona federal sino que se construía de manera irregular en usos de suelo mezclado y diferente a la licencia otorgada.
En el siguiente enlace se puede ver lo que la nueva delegada de SEMARNAT, Xitle González Domínguez, explicó en conferencia de prensa sobre el caso Punta Paraíso
https://www.facebook.com/MayloIsDu/videos/152719874334559
En noviembre del 2019, se dio a conocer que Juez del estado de Jalisco ordenó que se le «congelarán» las cuentas bancarias a uno de los diputados de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, Ismael Duñalds, así como a 4 activistas ambientales más, Erik Saracho, Indalecio Sánchez, Elvia García e Israel Landa; la empresa alegó afectación a sus intereses. Los demandó por presunto daño moral y económico, por más de 9 millones. Primero la demanda era por poco más de 4 millones, pero el representante legal de la desarrolladora la amplió por los 9 millones para que también quedarán asegurados los bienes inmuebles de los activistas. La empresa está contrademanda por parte de los inculpados, por una cantidad similar. El juicio está en el Juzgado 4º de lo Civil en Zapopan, Jalisco, apenas en culminación de aportación de testimoniales y pruebas por la parte demandante, y demandados, además de una prueba de Inspección Ocular al Sitio (pendiente) y se dicte sentencia. Las sesiones de testimoniales han sido hasta de dos semanas tortuosas, donde hubo días que fueron desde las 14:00 horas de un día, hasta las 5:00/6:00 am del día siguiente.
Fue así que la empresa quiso callar a todo un pueblo que protestó valientemente argumentando que se estaba atentando contra el ecosistema; aplicó la «Ley Mordaza».
A los activistas y al diputado no solo les “congelaron» las cuentas bancarias sino que se les prohibió hablar del tema. El pueblo de San Pancho ha defendido a los activistas, los ha apoyado económica y moralmente; los 5 han recibido muchas muestras de apoyo y solidaridad. Aunque la empresa quiso atarlos de mano, el pueblo solidario de San Pancho, ha logrado reunir los recursos para la defensa de los activistas, a la fecha se ha gastado más de un millón de pesos y han dicho que irán hasta donde tope. Esto es como David y Goliat, el pueblo se está enfrentando a un ejército de abogados y a una empresa con muchos recursos económicos que también está dispuesta a luchar hasta el final en busca de no tener que derribar los costosísimos edificios.
En el mes de marzo del 2022, la Secretaría de Gobernación, los consideró a los 5 activistas dentro del mecanismo de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos, temen por sus vidas, por este caso legal que enfrentan contra el representante de los condominios Punta Paraíso, es decir, fueron reconocidos por el gobierno federal como defensores de los derechos humanos por la defensa de los bienes nacionales y por un medio ambiente sano. Cuentan con la protección de la policía municipal, estatal y la Guardia Nacional que los custodia cuando acuden a sus audiencias celebradas en Zapopan, Jalisco.
Ha sido una larga lucha jurídica y el respaldo brindado por el gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero, para la defensa del medio ambiente, es muy valiosa porque si no vamos a acabar peor que en Puerto Vallarta, donde según denuncias públicas, existen decenas de edificios hechos al amparo de la corrupción y las mafias inmobiliarias.
El mensaje emitido por el gobernador en la pasada conferencia de prensa, deja ver su postura clara de que el estado no entorpecerá la aplicación de la justicia federal.
Los empresarios se han defendido como “gatos boca arriba”, pero de acuerdo a las resoluciones federales hasta el momento emitidas, no tienen escapatoria. El gobernador dijo claro y fuerte: “En cuanto tenga la dictaminación VOY A TIRAR ESE HOTEL”.
En septiembre del año pasado, la SEMARNAT extinguió la concesión otorgada a la empresa, por mal uso de ésta, y la PROFEPA, aplicando la Ley General de Bienes Nacionales y la LGEEPA dicta que se regrese el sitio a su estado original, lo que implica que retiren las construcciones y restauren el sitio. Los empresarios interpusieron un recurso de nulidad.
La presunta invasión a bienes federales es de 1466m2; de acuerdo a los pobladores de San Pancho, es un bien nacional hábitat de la tortuga marina.
El asunto está en las últimas instancias y se espera que pronto sea resuelto. El pueblo de San Pancho agradece al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero su invaluable posicionamiento y su decisión firme de actuar de ser el caso, en defensa del medio ambiente.
Construidos hay tres edificios, dos de seis y uno de cuatro pisos (el de cuatro y una parte de uno de seis son los que se tienen que retirar), y el jurídico de la SEMARNAT, apenas el año pasado ya como titular de la SEMARNAT, autorizó la manifestación de impacto ambiental para la construcción de una cuarta torre, aún a sabiendas que se dirime un asunto legal contra la Desarrolladora. La desarrolladora se atrevió a seguir construyendo como si estuviera segura de ganar los juicios.
Existe desde hace bastante tiempo, un juicio en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (área Ambiental) y una impugnación de la Manifestación de Impacto Ambiental, aprobada en su tiempo por quien fuera hace algunos años Delegado Federal en el Estado.
De ganar los activistas ambientales y el pueblo de San Pancho los juicios, esto representaría un ícono para el Municipio, el Estado y el País. Ha sido una batalla feroz. Serían por lo bajito más de 600 millones que se irían al suelo de derribarse el desarrollo habitacional. Esperemos a ver qué pasa, después que la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Juzgado Civil le den para adelante a las denuncias, por lo pronto ya está dicha la posición del gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero: obedecer lo que dicte la Ley.
